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| Foto: Semana.com |
25 años después de ocurrida la masacre que dejó 45 muertos, César Pérez García es condenado por la Corte Suprema de Justicia como su autor intelectual.
“Ay
alcaldesa, duro ¿ah?”, dijo uno de los militares con risita
burlona -según recuerda Rita Ivonne
Areiza- ante la escena dantesca en que se había convertido el parque
principal de Segovia, aquel 11 de noviembre de 1988 que partiría en
dos la historia de este municipio del Nordeste antioqueño, ubicado a
240 kilómetros de Medellín.
Era
un viernes especial porque el lunes siguiente era festivo. Los
campesinos habían llegado de las veredas y los mineros traían el
oro para comercializarlo -el municipio es conocido como la capital
aurífera de Colombia-. Aunque llovía, los
bares estaban llenos de clientes que, al son de música de carrilera,
disfrutaban del puente que empezaba. La
única que se dio cuenta de que algo raro pasaba fue Rita Ivonne.
Ella había sido la primera alcaldesa escogida por voto popular en el
pueblo y la primera y la última de la Unión Patriótica (UP) en
llegar al cargo.
El
Nordeste antioqueño ha vivido, como muchas regiones de Colombia, en
un total abandono estatal y bajo las órdenes de multinacionales
extranjeras, que extraen las riquezas en
medio de infrahumanas condiciones de vida y de trabajo. Esto
convirtió la región en el caldo de cultivo perfecto para los grupos
de izquierda, legales e ilegales.
Paralelamente
se dio el boom
de los hacendados, empresarios y comerciantes que, cansados de los
abusos de los grupos guerrilleros, crearon grupos
de auto defensa que, tras la agudización del conflicto, se
convirtieron en ejércitos paramilitares. Uno de los grupos más
destacados fue Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN).
La
UP surgió en 1985 como consecuencia del acuerdo entre el
expresidente Belisario Betancur y las Farc,
movimiento que rápidamente ganó gran cantidad de adeptos en la
región; esto se vio reflejado en las urnas en la primera elección
popular de alcaldes, el 13 de marzo de
1988. Rita Ivonne Areiza y Elkin
de Jesús Martínez ganaron las alcaldías de Segovia y Remedios,
respectivamente.
Martínez
sería asesinado en Medellín a pocos días de ser elegido. “Como
lo habíamos anunciado en anteriores mensajes, hoy damos un parte de
victoria con nuestra tarea de ‘limpieza’,
la cual hemos iniciado con Elkin de Jesús Martínez, alcalde electo
de la UP para Remedios. Sus vínculos con las FARC y demás grupos
guerrilleros que han mantenido en zozobra al pueblo del Nordeste
antioqueño, han provocado de nuestro movimiento, un accionar
concreto en aras de poner fin a los planes expansionistas del
comunismo”, se lee en un panfleto del MRN repartido el mismo día
del asesinato.
Por
su parte Rita Ivonne, quien años atrás se había desempeñado como
personera,
ya ganaba enemigos por denuncias y proyectos progresistas como el
primer Sindicato de Prostitutas de Colombia. Y ahora, apoyada por los
sindicatos y el magisterio, se convertía en alcaldesa. Pero en este
ajedrez político había un rey en jaque: César Pérez García.
¿Quién
es César Pérez?
Es
el arquetipo de lo que se conoce en Colombia como cacique político
de provincia. Hijo de Máximo y Leonisa, nacido el 5 de agosto de
1935 en Remedios, Nordeste antioqueño; abogado, exdiputado,
exrepresentante a la Cámara, exsenador de la República y autor
intelectual de la Masacre de Segovia.
Ese
11 de noviembre del 1988, Rita Ivonne, según recordó en una
entrevista con el Canal Capital
desde algún lugar de Europa, donde permanece asilada desde 1989, vio
a los policías en frente del comando desarreglados y tomando
aguardiente. Algo que inmediatamente reportó al entonces gobernador
de Antioquia, Antonio Roldán (asesinado
en confusos hechos el 4 de julio de 1989), pero él le dijo que lo
dejara en paz, que ella se estaba volviendo paranoica. “Que en paz
no descanse, porque él pudo haber ordenado a su jefe César Pérez
parar la Masacre, pero no lo hizo”. Paradójicamente, al día
siguiente Roldán salió a repudiar la masacre ante la opinión
pública y la calificó como “la más
vergonzosa manifestación de violencia”.
‘El
Jefe’, como era conocido Pérez en la región, era quien daba el
visto bueno a quien pretendiera ser gobernador o alcalde en
Antioquia. Fue condenado a ocho años y tres meses de prisión por
actos de corrupción por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia debido a que en 1998, cuando era presidente de la
Asamblea Departamental de Antioquia, realizó una gran cantidad de
contratos de prestación de servicios con 14 personas que no cumplían
los requisitos legales. Según la determinación del alto tribunal,
estas personas cobraron altos honorarios por el cumplimiento de
contratos que nunca se realizaron.
Según
Rita Ivonne, Pérez usaba las regalías
de Segovia para aumentar su patrimonio: “A
pesar de que sabíamos que en el municipio se extraía el 94% del oro
de Colombia, nunca se vio ese dinero. Pero lo que sí sabíamos es
que pasaba a engrosar los bolsillos de los dirigentes del Partido
Liberal y de César Pérez en particular”.
La
justicia cojea pero llega. Tuvieron que pasar casi 25 años para que
Pérez fuera condenado por la Masacre de Segovia. El 15 de mayo de
2013, en un fallo de 114 páginas, la Corte Suprema de Justicia lo
condenó a 30 años de prisión -sin derecho
a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni a la
prisión domiciliaria- por los delitos de concierto para delinquir,
homicidio agravado de 45 personas y lesiones personales agravadas
contra ocho personas.
Pérez
es fundador del movimiento Convergencia Liberal (sector del Partido
Liberal en Antioquia) y se desempeñó como rector y miembro del
Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC),
entre 1976 y el 2010, cuando fue capturado
y recluido en el pabellón de parapolíticos de La Picota en Bogotá,
luego de que la Corte desarchivara el proceso en su contra el 13 de
mayo del mismo año. En septiembre de 2010, su hijo César
Pérez González asume como rector encargado de la UCC.
Antes
de su captura, en las elecciones presidenciales de 2010 participó en
la campaña del ahora presidente Juan Manuel Santos. Pascual Gaviria
en su columna “Política menor”, publicada el 5 de abril de 2011
en El Espectador
se refirió al tema: “el liberalismo, con aire vergonzante, ha
mantenido sus candidatos sórdidos. Hasta el mismísimo Juan Manuel
Santos tuvo a César Pérez García, un capo de Remedios, Antioquia,
en su oscuro baúl de campaña”.
¿Cómo
estuvo involucrado Pérez en la masacre?
El
ascenso de la UP era, para el señorío de Pérez, una ofensa que el
pueblo debía pagar. A pesar de que quienes rindieron testimonio a
favor de Pérez dijeron que él “no se llenaba de odios en las
derrotas y no era engreído en los triunfos”, y su defensa arguyó
que “no existió descalabro político”, el daño ya estaba hecho.
Los Liberales perdieron la alcaldía y siete de los trece puestos
del Concejo de Segovia, algo imperdonable cuyo desenlace sospechaban
los miembros de la UP.
El
telegrama enviado por Juan de la Cruz Mazo, presidente del Concejo
Municipal, al Procurador General de la Nación el primero de
noviembre del 1988 (diez días antes de la masacre), es una prueba
fehaciente del hostigamiento: “Por
segunda vez (…) Denunciamos atropellos, instigamientos (sic) a
alcaldesa, concejales Unión Patriótica, militantes de la UP,
Partido Comunista y población civil, por parte de Fuerzas Armadas de
Colombia (Ejército) y grupos paramilitares, Muerte a revolucionarios
del Nordeste MRN, y similares, mediante boletines amenazantes y otros
concejales Unión Patriótica, por intermedio Presidencia del
Concejo, solicitamos desplazar una Comisión de Procuraduría. No
permita señor Procurador que por falta de atención a denuncias
claras, Segovia sea otra Mejor Esquina del país. Atienda nuestro
llamado, aún no es tarde”.
Rita
Ivonne, en declaración dada el 10 de agosto de 2010 a la Corte
Suprema de Justicia, recuerda estas amenazas. “El
Partido Liberal nos hizo sentir su miedo con la creación del MRN,
que comenzó a amenazar a la población civil en el parque.
Amanecieron panfletos que decían que habían creado eso para
recuperar la zona. Trataban al pueblo de guerrilleros comunistas
(...) Pudimos constatar que el papel con esas amenazas tenía bajo
relieve las siglas de la empresa Frontino Gold Mines. Luego supimos
que fue allí donde se imprimieron y que habían sido los militares”.
El
11 de noviembre se pasó del papel a la acción. Tres
camperos con placas que no eran de la región, avanzaban
lentamente en contravía por una de las calles del pueblo. Cada uno
de los carros tenía entre ocho y diez ocupantes armados y vestidos
de “rambo”, según Rita Ivonne. Eran las 6:45 p.m. del viernes,
el pueblo se preparaba para una celebración que se vio detenida
cuando ráfagas de fusiles y esquirlas de granadas segaron la vida
de 45 personas. Las líneas telefónicas se cayeron durante la
Masacre.
La
Masacre se hizo con lista en mano, según explicó años más tarde
Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’
-líder del comando que irrumpió esa noche-, a los
magistrados de la Corte. En el listado aparecían 60 personas, sin
embargo, solo pudieron asesinar a 45, pues no dieron con el paradero
de los otros 15 acusados de simpatizar con la UP.
Los hombres llegaron a la calles La Reina y La Madre y entraron a
asesinar a quién encontraran en las casas ya seleccionadas. Después
siguieron en el kiosco del parque principal y los bares
Johnny Key y El Minero.
El
pueblo se desangraba 90 minutos después: más de 40 muertos y medio
centenar heridos yacían en sus calles. Quienes habían salido ilesos
no se reponían de la tragedia. En la población, que contaba con
unos 20 mil habitantes, ningún ciudadano se salvó de ser tocado por
el suceso, todos tenían un pariente o un conocido entre las
víctimas. La sangre bajaba por las laderas de este pueblo enclavado
en la Cordillera Central, en dirección al cementerio. Muchos
murieron esperando un médico. El hospital se declaró en emergencia
ante la cantidad afectados. La fuerza pública nunca apareció.
“Cuando
las balas y las granadas cesaron, una vez que los carros pasaron, le
dije a Luis Carlos, mi escolta, que bajáramos. Yo estaba descalza.
Entré al palacio municipal. Me puse un pantalón y unos botines y
salimos a enfrenarnos con la realidad. No tengo palabras para lo que
vimos y vivimos. Había ciudadanos asesinados en el kiosco del
pueblo. Había asesinados sentados. Niños y niñas, mujeres en uno
de los andenes del palacio municipal. En el bar Johnny Key habían
levantado a granadas y destrozando a la gente (...) Había muertos
con disparos en la frente y los techos. Había un declive entre
Johnny Key y el palacio municipal, y la sangre corría a mares
[llanto]. A pesar de tantos años, el dolor sigue intacto, porque
justicia no se ha hecho”, recuerda Rita
Ivonne, 22 años después en su declaración a la Corte Suprema.
A
pesar de que la defensa de Pérez esgrimió que en la Masacre
murieron personas que no simpatizaban con la UP y de que el mismo
Pérez dijo ante el alto tribunal que en el municipio exista una
“armonía democrática entre todos los
partidos”; gracias a diversos
testimonios, entre ellos los de ‘Vladimir’, se constató que,
aunque no todos los muertos simpatizaban con la UP, los segovianos sí
optaron por una nueva alternativa política que llevó al MRN, según
la Corte Suprema, a ejecutar la matanza.
De
los nexos entre Pérez y grupos ilegales hablan con propiedad, según
el fallo de la Corte, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’,
y Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’. Aunque se
aclara que no hay contacto entre el autor material e intelectual, “no
se puede decir que Pérez participó de un segmento de una acción
ejecutada por un colectivo ilegal, sino que fue parte de un acuerdo
que perduró en el tiempo”.
Aunque
la defensa debate “que todo empieza y termina con el testimonio de
‘Vladimir’”, la Corte señala que es una afirmación infundada
porque no surge de la fantasía del exlíder paramilitar, sino que
encuentra apoyo en otras declaraciones. Además considera a
‘Vladimir’ testigo clave por ser el ejecutor del operativo
criminal y quien, por esa condición, debía conocer los pormenores y
gestores de la acción.
En
declaración del 4 de noviembre de 2010 con Ricardo Téllez Gómez,
investigador de la Fiscalía, alias ‘Vladimir’ dijo: “me decía
que era él (César Pérez) que había hablado con gente de Medellín
y con el mexicano que era el que financiaba toda la operación, que
había hablado con él(...) Para hacer lo de Segovia, para limpiar a
Segovia y otros municipios de la UP”.
Alias
‘Vladimir’ también señaló en 1995 a Henry Pérez (líder de
las Autodefensas del Magdalena Medio) y a Fidel Castaño, de haber
discutido con Pérez el operativo criminal sucedido en Segovia.
Castaño contactó al excongresista con los demás jefes
paramilitares.
Además
del contacto, según quedó demostrado en la declaración de Fredy
Rendón Herrera, alias ‘El alemán’, éste
manifestó haber recibió órdenes de sus mandos, en las que se le
pedía parar las acciones en aquellos lugares y negocios en los que
Pérez García tenía interés y asociaciones ilícitas.
En
síntesis, la probada relación del excongresista Pérez García con
paramilitares como los hermanos Castaño y Henry Pérez permite
inferir, según el fallo del alto tribunal, que sí existían
vínculos entre él y ese grupo armado.
“Después
de la masacre nosotros tuvimos una reunión con Fidel Castaño, con
el Coronel Navas, en Sebastopol (finca en el Magdalena Medio
antioqueño), y Henry de Jesús Pérez; y Fidel Castaño llevan allí
un mensaje de agradecimiento de César Pérez... Nos decía, bueno,
de parte de César Pérez muy agradecido, muy contento, todos estamos
muy felices, así es que se trabaja ‘Vladimir’, mire que si se
puede hacer las cosas...”. Esta declaración de alias ‘Vladimir’
indica, según la Corte, que él sabía de la participación de
Pérez García por la felicitación de Castaño y no sólo por
explicaciones de Henry Pérez.
“Nosotros
acá como liberales de tradición siempre hemos apoyado las listas
que encabeza César Pérez García, entonces como aquí había
mayoría liberal y nosotros liberales queríamos que el municipio le
diera una casa a Arminda, entonces las casas las repartieron y a la
señora no le dieron casa, entonces por esa razón todos nosotros nos
resentimos y no quisimos acompañar al Directorio Liberal y
seguramente con esa negativa del voto liberal firmamos la sentencia
de muerte...” afirma Hernán Londoño, ciudadano de Segovia, en
declaración ante la Corte.
Según
un informe del 17 de noviembre de 1988, realizado por el Brigadier
General Carlos Casadiego, Director Operativo de la Policía Nacional
de la época, “La acción de los delincuentes fue planeada
detenidamente y en detalle. Indiscriminadamente actuaron en contra de
personas que se encontraban en lugares públicos pero predeterminados
por estos, como son los bares Johnny Kay, El Minero y el kiosco del
Parque Central. Selectiva contra algunas personas que se encontraban
en su residencia. Los victimarios son personas que conocían
perfectamente la ciudad, a las víctimas y establecimientos públicos
que seleccionaron. En los lugares públicos dispararon
indiscriminadamente fusiles R 15 y granadas de fragmentación”.
Según
el Brigadier General y los militantes de la UP, los sitios y las
calles seleccionadas eran lugares frecuentados por simpatizantes del
partido, además de ser las Calles La Reina y La Madre lugares
señalados por organismos del Estado como centros de operación de la
guerrilla.
Cuenta
Jaime Córdoba Triviño, exdefensor del Pueblo, que luego de la
masacre, se vivió en el pueblo un estado de temor generalizado y una
situación en donde “se presuponía que los miembros del ejército,
de la policía, estaban involucrados de alguna manera”, como quedó
consignado en la sentencia contra Pérez García.
La
situación se complicó tanto que Rita Ivonne Areiza no pudo volver a
salir del Palacio Municipal y debió abandonar el país un año y
veinte días después de la Masacre. “Comenzaron a asesinar a
amigos míos. A mi hermano Alberto Tobón Areiza, en agosto del 89.
Luego amenazaron con asesinar a mis niños. La última amenaza es a
finales de noviembre del 89. Llegó una persona a mi oficina y me
dijo que era del DAS de Bogotá. ‘Hace 24 horas ofrecieron veinte
millones por usted y si usted no se va del país hay gente que está
dispuesta a tomarse el Palacio Municipal’”. Esa fue la amenaza
que reboso la copa y que la mantiene exiliada en Europa.
Con
esta condena ejemplar, a un político que a punta de intimidación y
malas amistades quería reconquistar su señorío, los segovianos
pueden por fin descansar en paz. Terminó la espera para ponerle
nombre al autor intelectual de la Masacre de Segovia.
A
pesar de las patadas de ahogado de la defensa del excongresista para
apelar la Sentencia, la decisión ya está tomada. Por su formación
como abogado el mismo César Pérez García debe saber que la Corte
Suprema es la última instancia de jurisdicción ordinaria y sus
decisiones son inexpugnables. A este rey que la UP puso en jaque hace
casi 25 años en el ajedrez político del Nordeste antioqueño, por
fin le dieron mate.
Conozca la sentencia de la Corte Suprema en el juicio contra César Pérez aquí.
Por Santiago Castro Villada
