castroperiodista: noviembre 2013

Foto: Semana.com

25 años después de ocurrida la masacre que dejó 45 muertos, César Pérez García es condenado por la Corte Suprema de Justicia como su autor intelectual.

“Ay alcaldesa, duro ¿ah?”, dijo uno de los militares con risita burlona -según recuerda Rita Ivonne Areiza- ante la escena dantesca en que se había convertido el parque principal de Segovia, aquel 11 de noviembre de 1988 que partiría en dos la historia de este municipio del Nordeste antioqueño, ubicado a 240 kilómetros de Medellín.

Era un viernes especial porque el lunes siguiente era festivo. Los campesinos habían llegado de las veredas y los mineros traían el oro para comercializarlo -el municipio es conocido como la capital aurífera de Colombia-. Aunque llovía, los bares estaban llenos de clientes que, al son de música de carrilera, disfrutaban del puente que empezaba. La única que se dio cuenta de que algo raro pasaba fue Rita Ivonne. Ella había sido la primera alcaldesa escogida por voto popular en el pueblo y la primera y la última de la Unión Patriótica (UP) en llegar al cargo.

El Nordeste antioqueño ha vivido, como muchas regiones de Colombia, en un total abandono estatal y bajo las órdenes de multinacionales extranjeras, que extraen las riquezas en medio de infrahumanas condiciones de vida y de trabajo. Esto convirtió la región en el caldo de cultivo perfecto para los grupos de izquierda, legales e ilegales.

Paralelamente se dio el boom de los hacendados, empresarios y comerciantes que, cansados de los abusos de los grupos guerrilleros, crearon grupos de auto defensa que, tras la agudización del conflicto, se convirtieron en ejércitos paramilitares. Uno de los grupos más destacados fue Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN).

La UP surgió en 1985 como consecuencia del acuerdo entre el expresidente Belisario Betancur y las Farc, movimiento que rápidamente ganó gran cantidad de adeptos en la región; esto se vio reflejado en las urnas en la primera elección popular de alcaldes, el 13 de marzo de 1988. Rita Ivonne Areiza y Elkin de Jesús Martínez ganaron las alcaldías de Segovia y Remedios, respectivamente.

Martínez sería asesinado en Medellín a pocos días de ser elegido. “Como lo habíamos anunciado en anteriores mensajes, hoy damos un parte de victoria con nuestra tarea de ‘limpieza’, la cual hemos iniciado con Elkin de Jesús Martínez, alcalde electo de la UP para Remedios. Sus vínculos con las FARC y demás grupos guerrilleros que han mantenido en zozobra al pueblo del Nordeste antioqueño, han provocado de nuestro movimiento, un accionar concreto en aras de poner fin a los planes expansionistas del comunismo”, se lee en un panfleto del MRN repartido el mismo día del asesinato.

Por su parte Rita Ivonne, quien años atrás se había desempeñado como personera, ya ganaba enemigos por denuncias y proyectos progresistas como el primer Sindicato de Prostitutas de Colombia. Y ahora, apoyada por los sindicatos y el magisterio, se convertía en alcaldesa. Pero en este ajedrez político había un rey en jaque: César Pérez García.

¿Quién es César Pérez?

Es el arquetipo de lo que se conoce en Colombia como cacique político de provincia. Hijo de Máximo y Leonisa, nacido el 5 de agosto de 1935 en Remedios, Nordeste antioqueño; abogado, exdiputado, exrepresentante a la Cámara, exsenador de la República y autor intelectual de la Masacre de Segovia.

Ese 11 de noviembre del 1988, Rita Ivonne, según recordó en una entrevista con el Canal Capital desde algún lugar de Europa, donde permanece asilada desde 1989, vio a los policías en frente del comando desarreglados y tomando aguardiente. Algo que inmediatamente reportó al entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán (asesinado en confusos hechos el 4 de julio de 1989), pero él le dijo que lo dejara en paz, que ella se estaba volviendo paranoica. “Que en paz no descanse, porque él pudo haber ordenado a su jefe César Pérez parar la Masacre, pero no lo hizo”. Paradójicamente, al día siguiente Roldán salió a repudiar la masacre ante la opinión pública y la calificó como “la más vergonzosa manifestación de violencia”.

‘El Jefe’, como era conocido Pérez en la región, era quien daba el visto bueno a quien pretendiera ser gobernador o alcalde en Antioquia. Fue condenado a ocho años y tres meses de prisión por actos de corrupción por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia debido a que en 1998, cuando era presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, realizó una gran cantidad de contratos de prestación de servicios con 14 personas que no cumplían los requisitos legales. Según la determinación del alto tribunal, estas personas cobraron altos honorarios por el cumplimiento de contratos que nunca se realizaron.

Según Rita Ivonne, Pérez usaba las regalías de Segovia para aumentar su patrimonio: “A pesar de que sabíamos que en el municipio se extraía el 94% del oro de Colombia, nunca se vio ese dinero. Pero lo que sí sabíamos es que pasaba a engrosar los bolsillos de los dirigentes del Partido Liberal y de César Pérez en particular”.

La justicia cojea pero llega. Tuvieron que pasar casi 25 años para que Pérez fuera condenado por la Masacre de Segovia. El 15 de mayo de 2013, en un fallo de 114 páginas, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 30 años de prisión -sin derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni a la prisión domiciliaria- por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado de 45 personas y lesiones personales agravadas contra ocho personas.

Pérez es fundador del movimiento Convergencia Liberal (sector del Partido Liberal en Antioquia) y se desempeñó como rector y miembro del Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), entre 1976 y el 2010, cuando fue capturado y recluido en el pabellón de parapolíticos de La Picota en Bogotá, luego de que la Corte desarchivara el proceso en su contra el 13 de mayo del mismo año. En septiembre de 2010, su hijo César Pérez González asume como rector encargado de la UCC.

Antes de su captura, en las elecciones presidenciales de 2010 participó en la campaña del ahora presidente Juan Manuel Santos. Pascual Gaviria en su columna “Política menor”, publicada el 5 de abril de 2011 en El Espectador se refirió al tema: “el liberalismo, con aire vergonzante, ha mantenido sus candidatos sórdidos. Hasta el mismísimo Juan Manuel Santos tuvo a César Pérez García, un capo de Remedios, Antioquia, en su oscuro baúl de campaña”.

¿Cómo estuvo involucrado Pérez en la masacre?

El ascenso de la UP era, para el señorío de Pérez, una ofensa que el pueblo debía pagar. A pesar de que quienes rindieron testimonio a favor de Pérez dijeron que él “no se llenaba de odios en las derrotas y no era engreído en los triunfos”, y su defensa arguyó que “no existió descalabro político”, el daño ya estaba hecho. Los Liberales perdieron la alcaldía y siete de los trece puestos del Concejo de Segovia, algo imperdonable cuyo desenlace sospechaban los miembros de la UP.

El telegrama enviado por Juan de la Cruz Mazo, presidente del Concejo Municipal, al Procurador General de la Nación el primero de noviembre del 1988 (diez días antes de la masacre), es una prueba fehaciente del hostigamiento: “Por segunda vez (…) Denunciamos atropellos, instigamientos (sic) a alcaldesa, concejales Unión Patriótica, militantes de la UP, Partido Comunista y población civil, por parte de Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército) y grupos paramilitares, Muerte a revolucionarios del Nordeste MRN, y similares, mediante boletines amenazantes y otros concejales Unión Patriótica, por intermedio Presidencia del Concejo, solicitamos desplazar una Comisión de Procuraduría. No permita señor Procurador que por falta de atención a denuncias claras, Segovia sea otra Mejor Esquina del país. Atienda nuestro llamado, aún no es tarde”.

Rita Ivonne, en declaración dada el 10 de agosto de 2010 a la Corte Suprema de Justicia, recuerda estas amenazas. “El Partido Liberal nos hizo sentir su miedo con la creación del MRN, que comenzó a amenazar a la población civil en el parque. Amanecieron panfletos que decían que habían creado eso para recuperar la zona. Trataban al pueblo de guerrilleros comunistas (...) Pudimos constatar que el papel con esas amenazas tenía bajo relieve las siglas de la empresa Frontino Gold Mines. Luego supimos que fue allí donde se imprimieron y que habían sido los militares”.

El 11 de noviembre se pasó del papel a la acción. Tres camperos con placas que no eran de la región, avanzaban lentamente en contravía por una de las calles del pueblo. Cada uno de los carros tenía entre ocho y diez ocupantes armados y vestidos de “rambo”, según Rita Ivonne. Eran las 6:45 p.m. del viernes, el pueblo se preparaba para una celebración que se vio detenida cuando ráfagas de fusiles y esquirlas de granadas segaron la vida de 45 personas. Las líneas telefónicas se cayeron durante la Masacre.

La Masacre se hizo con lista en mano, según explicó años más tarde Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’ -líder del comando que irrumpió esa noche-, a los magistrados de la Corte. En el listado aparecían 60 personas, sin embargo, solo pudieron asesinar a 45, pues no dieron con el paradero de los otros 15 acusados de simpatizar con la UP. Los hombres llegaron a la calles La Reina y La Madre y entraron a asesinar a quién encontraran en las casas ya seleccionadas. Después siguieron en el kiosco del parque principal y los bares Johnny Key y El Minero.

El pueblo se desangraba 90 minutos después: más de 40 muertos y medio centenar heridos yacían en sus calles. Quienes habían salido ilesos no se reponían de la tragedia. En la población, que contaba con unos 20 mil habitantes, ningún ciudadano se salvó de ser tocado por el suceso, todos tenían un pariente o un conocido entre las víctimas. La sangre bajaba por las laderas de este pueblo enclavado en la Cordillera Central, en dirección al cementerio. Muchos murieron esperando un médico. El hospital se declaró en emergencia ante la cantidad afectados. La fuerza pública nunca apareció.

“Cuando las balas y las granadas cesaron, una vez que los carros pasaron, le dije a Luis Carlos, mi escolta, que bajáramos. Yo estaba descalza. Entré al palacio municipal. Me puse un pantalón y unos botines y salimos a enfrenarnos con la realidad. No tengo palabras para lo que vimos y vivimos. Había ciudadanos asesinados en el kiosco del pueblo. Había asesinados sentados. Niños y niñas, mujeres en uno de los andenes del palacio municipal. En el bar Johnny Key habían levantado a granadas y destrozando a la gente (...) Había muertos con disparos en la frente y los techos. Había un declive entre Johnny Key y el palacio municipal, y la sangre corría a mares [llanto]. A pesar de tantos años, el dolor sigue intacto, porque justicia no se ha hecho”, recuerda Rita Ivonne, 22 años después en su declaración a la Corte Suprema.

A pesar de que la defensa de Pérez esgrimió que en la Masacre murieron personas que no simpatizaban con la UP y de que el mismo Pérez dijo ante el alto tribunal que en el municipio exista una “armonía democrática entre todos los partidos”; gracias a diversos testimonios, entre ellos los de ‘Vladimir’, se constató que, aunque no todos los muertos simpatizaban con la UP, los segovianos sí optaron por una nueva alternativa política que llevó al MRN, según la Corte Suprema, a ejecutar la matanza.

De los nexos entre Pérez y grupos ilegales hablan con propiedad, según el fallo de la Corte, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’. Aunque se aclara que no hay contacto entre el autor material e intelectual, “no se puede decir que Pérez participó de un segmento de una acción ejecutada por un colectivo ilegal, sino que fue parte de un acuerdo que perduró en el tiempo”.

Aunque la defensa debate “que todo empieza y termina con el testimonio de ‘Vladimir’”, la Corte señala que es una afirmación infundada porque no surge de la fantasía del exlíder paramilitar, sino que encuentra apoyo en otras declaraciones. Además considera a ‘Vladimir’ testigo clave por ser el ejecutor del operativo criminal y quien, por esa condición, debía conocer los pormenores y gestores de la acción.

En declaración del 4 de noviembre de 2010 con Ricardo Téllez Gómez, investigador de la Fiscalía, alias ‘Vladimir’ dijo: “me decía que era él (César Pérez) que había hablado con gente de Medellín y con el mexicano que era el que financiaba toda la operación, que había hablado con él(...) Para hacer lo de Segovia, para limpiar a Segovia y otros municipios de la UP”.

Alias ‘Vladimir’ también señaló en 1995 a Henry Pérez (líder de las Autodefensas del Magdalena Medio) y a Fidel Castaño, de haber discutido con Pérez el operativo criminal sucedido en Segovia. Castaño contactó al excongresista con los demás jefes paramilitares.

Además del contacto, según quedó demostrado en la declaración de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El alemán’, éste manifestó haber recibió órdenes de sus mandos, en las que se le pedía parar las acciones en aquellos lugares y negocios en los que Pérez García tenía interés y asociaciones ilícitas.

En síntesis, la probada relación del excongresista Pérez García con paramilitares como los hermanos Castaño y Henry Pérez permite inferir, según el fallo del alto tribunal, que sí existían vínculos entre él y ese grupo armado.

“Después de la masacre nosotros tuvimos una reunión con Fidel Castaño, con el Coronel Navas, en Sebastopol (finca en el Magdalena Medio antioqueño), y Henry de Jesús Pérez; y Fidel Castaño llevan allí un mensaje de agradecimiento de César Pérez... Nos decía, bueno, de parte de César Pérez muy agradecido, muy contento, todos estamos muy felices, así es que se trabaja ‘Vladimir’, mire que si se puede hacer las cosas...”. Esta declaración de alias ‘Vladimir’ indica, según la Corte, que él sabía de la participación de Pérez García por la felicitación de Castaño y no sólo por explicaciones de Henry Pérez.

“Nosotros acá como liberales de tradición siempre hemos apoyado las listas que encabeza César Pérez García, entonces como aquí había mayoría liberal y nosotros liberales queríamos que el municipio le diera una casa a Arminda, entonces las casas las repartieron y a la señora no le dieron casa, entonces por esa razón todos nosotros nos resentimos y no quisimos acompañar al Directorio Liberal y seguramente con esa negativa del voto liberal firmamos la sentencia de muerte...” afirma Hernán Londoño, ciudadano de Segovia, en declaración ante la Corte.

Según un informe del 17 de noviembre de 1988, realizado por el Brigadier General Carlos Casadiego, Director Operativo de la Policía Nacional de la época, “La acción de los delincuentes fue planeada detenidamente y en detalle. Indiscriminadamente actuaron en contra de personas que se encontraban en lugares públicos pero predeterminados por estos, como son los bares Johnny Kay, El Minero y el kiosco del Parque Central. Selectiva contra algunas personas que se encontraban en su residencia. Los victimarios son personas que conocían perfectamente la ciudad, a las víctimas y establecimientos públicos que seleccionaron. En los lugares públicos dispararon indiscriminadamente fusiles R 15 y granadas de fragmentación”.

Según el Brigadier General y los militantes de la UP, los sitios y las calles seleccionadas eran lugares frecuentados por simpatizantes del partido, además de ser las Calles La Reina y La Madre lugares señalados por organismos del Estado como centros de operación de la guerrilla.

Cuenta Jaime Córdoba Triviño, exdefensor del Pueblo, que luego de la masacre, se vivió en el pueblo un estado de temor generalizado y una situación en donde “se presuponía que los miembros del ejército, de la policía, estaban involucrados de alguna manera”, como quedó consignado en la sentencia contra Pérez García.

La situación se complicó tanto que Rita Ivonne Areiza no pudo volver a salir del Palacio Municipal y debió abandonar el país un año y veinte días después de la Masacre. “Comenzaron a asesinar a amigos míos. A mi hermano Alberto Tobón Areiza, en agosto del 89. Luego amenazaron con asesinar a mis niños. La última amenaza es a finales de noviembre del 89. Llegó una persona a mi oficina y me dijo que era del DAS de Bogotá. ‘Hace 24 horas ofrecieron veinte millones por usted y si usted no se va del país hay gente que está dispuesta a tomarse el Palacio Municipal’”. Esa fue la amenaza que reboso la copa y que la mantiene exiliada en Europa.

Con esta condena ejemplar, a un político que a punta de intimidación y malas amistades quería reconquistar su señorío, los segovianos pueden por fin descansar en paz. Terminó la espera para ponerle nombre al autor intelectual de la Masacre de Segovia.

A pesar de las patadas de ahogado de la defensa del excongresista para apelar la Sentencia, la decisión ya está tomada. Por su formación como abogado el mismo César Pérez García debe saber que la Corte Suprema es la última instancia de jurisdicción ordinaria y sus decisiones son inexpugnables. A este rey que la UP puso en jaque hace casi 25 años en el ajedrez político del Nordeste antioqueño, por fin le dieron mate.

Conozca la sentencia de la Corte Suprema en el juicio contra César Pérez aquí.

Por Santiago Castro Villada

@SantiagoCastroV

Para el periódico De La Urbe