Los llamados carruseles de la contratación, no son exclusivos de Bogotá, en diferentes partes de Colombia es igual de escandalosa. Transparencia Internacional, organización que estudia este fenómeno, se declaró preocupada frente a lo que encontró en la administración departamental de Antioquia. Allí, la Gobernación y la Contraloría crearon en 2008 un instituto que manejaría los negocios públicos bajo el argumento del rigor técnico y la transparencia en el gasto.
Le dieron el nombre de Fundación para el Buen Gobierno y la dotaron de unos estatutos según los cuales se regía por el derecho privado. Sin embargo, estaba vinculada a Aunque surgió como una iniciativa liderada por el propio gobernador Ramos para enfrentar la corrupción, el modelo de funcionamiento de la Fundación se habría desviado en sus límites legales y éticos. Desde su creación ha manejado, por vía interadministrativa, contratos que llegan a los $1,5 billones de pesos, sin los controles que suponen las licitaciones y el Estatuto de la Contratación. Tiene un perfil dual: es pública a la hora de manejar recursos destinados a obras de infraestructura, por ejemplo, pero privada al momento de escoger a los contratistas y de manejar los recursos aprobados en cada operación. Según la revista Dinero.
Según la revista Dinero, el 70% de los contratos se concentra en un reducido grupo de personas y empresas, Encabezado por Álvaro, Jairo y Bernardo Ossa y por las empresas Conasfaltos, Ingevías, Mainco, Provías y Chamad Ingenieros.
Un grupo de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizó una visita administrativa a la Gobernación de Antioquia, con la finalidad de establecer si se ha dado efectivo cumplimiento a la normatividad que rige la contratación estatal y salvaguardar los recursos públicos involucrados. La lista de proveedores y contratistas ya está en poder de la Contraloría para verificar denuncias según las cuales los beneficiarios de los contratos son firmas, consorcios y uniones temporales que tienen el común denominador de estar integradas por amigos y personas afectas de tiempo atrás al grupo político Alas Equipo Colombia. La comisión cuenta con facultades para recaudar la documentación e información necesaria para el efecto y de ser necesario para practicar visitas administrativas en otras entidades de ese departamento, según el periódico El Mundo.
El ex congresista Ramón Elejalde, autor de algunos de los principales cuestionamientos, le dijo a la revista Dinero que tiene abundantes pruebas sobre el modus operandi, que consiste en que a los procesos de contratación siempre acuden las mismas empresas que, aparentemente, se pelean entre sí pero que se rotan las adjudicaciones según representantes gremiales, Humberto Moncada, considerado la mano derecha del mandatario, y Jorge León Sánchez, ex viceministro de Protección Social, llevan allí las riendas de la contratación.
Por el momento no está dicha la última palabra. El gobernador Ramos recibió, de manos de dirigentes del sector empresarial antioqueño, un informe sobre el manejo de la contratación que podría comprometer a algunos de sus colaboradores más cercanos. Ramos se comprometió a estudiarlo y a tomar medidas de fondo en caso de que se encuentre que algunos de ellos estén al servicio de intereses fraudulentos.
Por SANTIAGO CASTRO V.
05-04-2011
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